PARÍS 2O24 DESTACÓ por su diversidad e inclusión, especialmente en los Juegos Paralímpicos. Inspiradas en esta visibilidad, trabajamos para que la justicia reproductiva sea accesible para todas las personas, sin importar identidad, cuerpo o contexto. Amplificamos las voces de comunidades históricamente marginadas y trabajamos en alianzas estratégicas para garantizar el acceso equitativo a los derechos reproductivos.
Junto a Balance, Disability Rigths International México, Mutatis y No te Metas con Nuestras Hijas, presentamos un amparo contra los artículos del Código Penal de Sinaloa que permitían practicar el aborto sin el consentimiento de una mujer con discapacidad. El 29 de octubre de 2024, la Primera Sala de la SCJN reconoció el derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones sobre su salud y reproducción, y ordenó la no aplicación de dichos artículos para las mujeres y personas con capacidad de gestar acompañadas por GIRE.
En 2024, documentamos y acompañamos 93 nuevos casos: negativa de acceso al servicio de aborto 77, criminalización del aborto 4, violencia obstétrica 10, muerte materna 1 y violaciones de derechos en contextos de técnicas de reproducción asistida 1. Y continuamos el acompañamiento integral a 116 casos de años anteriores. Respecto a este trabajo, compartimos diez triunfos obtenidos de la mano de las mujeres y sus familiares.
Un Tribunal Colegiado de Chihuahua emitió una resolución a favor de Diana Laura, a quien se le negó el servicio de aborto por violación debido a que el código penal del estado solo permitía el procedimiento en el primer trimestre de gestación. El tribunal retomó la jurisprudencia de la SCJN y reiteró la inconstitucionalidad de un límite temporal para acceder a la interrupción legal del embarazo.
Un Juzgado de Distrito en Puebla amparó a Yoselin, mujer originaria de Tlaxcala, que experimentó tratos violentos cuando acudió al Hospital General Zona Norte para acceder a un aborto. En la sentencia se establece que Yoselin vivió violencia obstétrica y se reconoce el derecho de acceso a la información relevante y comprensible durante los servicios de salud reproductiva que permitan tomar decisiones libres sobre la salud y el cuerpo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila dio reapertura a la queja presentada por Mia, una adolescente a quien el Hospital General de Torreón le negó la interrupción del embarazo producto de una violación. De la mano de acompañantes locales, expusimos ante la Comisión que el caso se cerró de manera deficiente, pues la tutora legal de Mia fue presionada para retirar la queja inicial, y se careció de una perspectiva de infancias y adolescencias en todo el proceso.
Un Juzgado de Distrito falló a favor de Berenice, quien fue presionada a renunciar al Instituto Electoral de la Ciudad de México a causa de su embarazo, licencia de maternidad y solicitudes para adaptar su horario laboral a la lactancia. Desde 2017 la hemos acompañado en su búsqueda de justicia por violaciones a sus derechos humanos en el contexto del ejercicio de la maternidad y en 2023 presentamos un amparo debido a las deficiencias en el plan de reparación integral emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El juez ordenó la recuantificación de las medidas de compensación y realizar una disculpa pública.
Aseguramos que las autoridades de un hospital público extendieran una disculpa pública a Cristina, quien en 2014 fue víctima de violencia obstétrica y cuya hija falleció a los pocos días de nacida por la falta de atención médica oportuna. Durante una década, Cristina emprendió un camino de búsqueda de justicia y nos honra haberla acompañado.
Desde 2021, acompañamos a una adolescente originaria de Jalisco a quien un hospital público de Guadalajara le negó el aborto por violación debido al número de semanas de la gestación. Presentamos un amparo que fue resuelto de manera inadecuada por un Juzgado de Distrito. El caso fue atraído por la SCJN, que en mayo de 2024 reconoció las violaciones a los derechos humanos a consecuencia de la dilación en el acceso a la interrupción legal del embarazo y ordenó la emisión de un plan de reparación integral, construido con participación de la víctima.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una sentencia en la que reconoce la violencia obstétrica que vivió Yessica, a quien acompañamos desde 2022. También ordenó el pago de una compensación a su favor y que el Hospital General de Ecatepec ofreciera una disculpa pública.
El Instituto Nacional de Perinatología autorizó y llevó a cabo una interrupción del embarazo a Abi. Celebramos que esta institución de salud pública haya brindado, sin violencia ni discriminación y con respeto a la decisión de la mujer, un servicio que en otros casos acompañados por GIRE había negado.
Se aseguró el cumplimiento de todas las medidas de reparación integral en el caso de Mónica, quien, mientras laboraba en la Policía Bancaria e Industrial, experimentó hechos que le impedían ejercer su derecho a la maternidad de manera digna y libre de violencia. Sobre este caso y el de otras dos mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la Recomendación 8/2020 en la que determinó que todas sufrieron violencia institucional por razón de maternidad.
Se cumplieron todas las medidas de reparación integral a favor de Isabel y Diego, su pareja, en un caso de violencia obstétrica. La comisión local de derechos humanos había emitido una recomendación y, ante la preocupación de que se diera por concluida sin haber recibido medidas de reparación integral, incidimos para que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla diera el seguimiento adecuado.
Aseguramos 11 dictámenes de reparación integral con resolución positiva que establecen distintas medidas para la restitución de derechos, determinadas de la mano de las víctimas de violaciones a derechos reproductivos.